El Estado es el principal consumidor de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina. Podemos dividirlos en dos grupos el primero, también conocido como "privativo" o "de código cerrado", está representado por los programas informáticos donde el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo. Incluye a aquellos cuyo código fuente no está disponible, o bien a aquellos cuyo acceso se encuentra restringido por un acuerdo de licencia o por tecnología anticopia. Los principales exponentes son Microsoft, con su sistema operativo Windows y su paquete de aplicaciones de oficina Office, el segundo grupo se refiere, según la Free Software Foundation, a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y distribuir los programas modificados. Linux es la expresión informática más conocida de este paradigma. El estado impulsa la Primera Conferencia Internacional de Software Libre de la Argentina (CISL2010 Argentina): "El software libre tiene que ser una política de fondo", aclara el estado. El estado dentro de las computadora entregadas en el programa Conectar Igualdad en la licitación de las casi tres millones de computadoras portátiles (netbooks) que se entregarán a estudiantes secundarios incluirá Ubuntu, una de las distribuciones más populares de Linux, y 42 herramientas educativas basadas en código abierto.
Pedido de apoyo.
Los programas de código abierto tienen su fortaleza en los ambientes gubernamentales de misiones críticas. El estado esta trabajando en este tema desde el 2002 y, en la actualidad, más del 60% de los sistemas operativos de los servidores de la administración pública nacional utilizan software libre. Se aclara en el estado, como demostración de compromiso, que se "han desarrollado sistemas desde el Estado para el Estado". Y puntualizó que el programa que controla los pasos fronterizos con los cinco países vecinos funciona con herramientas de código abierto.
Acuerdo con Brasil
El Gobierno argentino busca apoyo en Brasil para esta inserción del SL en el Estado. Para ello firmó el lunes con su par carioca un convenio marco de cooperación tecnológica que establece una política común en materia de software y en la administración de nombres de dominios de Internet. El acuerdo tiene por objetivo constituir las bases y principios de una política común en la integración de los dominios ".com" entre las oficinas de administración y otorgamientos de dominio de Internet NIC de Argentina -dependiente de Cancillería- y de Brasil.
ContextoEl movimiento del SL mantiene, desde hace varios años, una discusión con los fabricantes de los programas informáticos bajo licencias privadas en torno a las aplicaciones que se utilizan en el Estado en sus diferentes niveles. Es un tema estratégico para el sector del software y los servicios informáticos (SSI), porque el Estado nacional es el principal consumidor y cliente de tecnologías corporativo del país. El SL ya está presente en algunas áreas del Estado, en especial, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). De hecho, todas las aplicaciones de infraestructura en la AFIP se desarrollan con software libre. Aplicaciones gráficas, de telemetría, seguridad y monitoreo, así como la mayoría de los programas en este organismo, corren sobre software libre, incluidos aquellos de misión crítica, como la recepción de declaraciones juradas y pagos. Sin embargo, la aplicación de software libre en el Estado no forma parte de una política pública, sino que se hizo a partir de la iniciativa de funcionarios. Los proyectos de leyes que se impulsan desde el movimiento de SL van en el sentido de "dotar al Estado de una herramienta clara de independencia, soberanía, transparencia, auditabilidad y uso responsable de software respetando los derechos de la ciudadanía".
